Las medidas que modifican términos en las prórrogas y multas del Programa RenovAr, así como las posibles disposiciones gubernamentales a futuro, siguen generando variedad de posturas dentro del sector renovable argentino.

Y en este caso, Energía Estratégica se contactó con Maximiliano Ivanissevich, director de Asuntos Corporativos y Capital Humano de 360Energy, para conocer cómo siguen los planes de la empresa sobre los proyectos que vieron adjudicados en las diferentes rondas de la licitación pública. 

“Si los nuevos plazos de habilitación comercial son lógicos y acordes a la realidad económica del país, la intención de 360Energy es ejecutar la mayor cantidad posibles de esos proyectos aún no construidos”, afirmó.

Es preciso recordar que la compañía fue adjudicada en cinco centrales fotovoltaicas durante la ronda 2 del Programa RenovAr, acumulando una capacidad total contratada de 126,85 MW entre los siguientes proyectos de dicha licitación:

  • Parque Solar Nonogasta II, de 20,04 MW en La Rioja.
  • Parque Solar Nonogasta IV, de 1 MW en La Rioja. 
  • Parque Solar Tinogasta II, con una potencia de 6,96 MW en Catamarca.
  • Parque Solar Tocota, de 72 MW de potencia contratada en la provincia de San Juan. 
  • Parque Solar Villa Dolores, de 26,85 MW en Córdoba.

De todos ellos y hasta el momento, 360Energy logró construir solamente el P.S. Tinogasta II, que se sumó a su portafolio ya en operación de las plantas solares de Cañada Honda (7 MW), Nonogasta (35 MW), Saujil (22,5 MW), Tinogasta I (15 MW) y Fiambala (11 MW).

Ante a dicha situación, y con la pregunta de cuál es la postura de la compañía frente a la Resolución 742/2021, Ivanissevich contestó que “aporta algo de ayuda, aunque quedó en evidencia que el esquema de penalidades decididas por la anterior administración para Programa RenovAr fue totalmente distorsivo, y no se respetaron principios elementales de un sistema lógico de penalidades que tuviese en cuenta los vaivenes de la economía argentina”.

Y ante las posibles medidas de un borrador que ha circulado en el sector, el especialista remarcó que si bien han tenido conocimiento de alguna versión oficial, entiende que “debería prorrogarse las fechas de habilitación comercial de manera que permita a los proyectos que no pudieron avanzar en su construcción por variables exógenas a ellos, tengan un plazo de ejecución razonable”. 

“En ningún caso debería exigirse una fecha de habilitación comercial antes de los 12 meses desde la fecha de emisión de una nueva eventual resolución”, agregó. 

Y continuó: “Para aquellos proyectos que decidan una eventual rescisión, la penalidad debería ser de una magnitud que permita a los desarrolladores enfrentar su pago y así evitar una catarata de arbitrajes que no le aportará nada positivo al sector de las energías renovables”.

De todos modos sostuvo la importancia de nuevamente colocar al sector en el camino del crecimiento y que “para ello hay que reformular las condiciones que han contribuido negativamente a cierto estancamiento del sector”. 

“Además, recordemos que al país le conviene que haya pluralidad de actores para evitar la concentración en pocos players y para ello hay que incentivar que las PyMEs argentinas puedan concretar las inversiones y no poner más obstáculos a la concreción de los proyectos aún no ejecutados”, concluyó.