12 de junio de 2018

Guido Gubinelli

Por Guido Gubinelli
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Empresarios de las bioenergías solicitan exenciones impositivas y un nuevo régimen de precios para la próxima licitación

Desarrolladores de plantas de biomasa y biogás solicitan consideraciones similares a las que tiene el Gobierno con segmentos como el eólico y solar fotovoltaico. Por otra parte, advierten sobre la necesidad de un esquema de precios que contenga al sector.

La Argentina, a pesar de ser un país dependiente de las exportaciones agropecuarias y contar con una actividad desarrollada, no ha sabido explotar su capacidad bioenergética.

De los 5.000 MW de proyectos de energías renovables que está apoyando la gestión de Mauricio Macri, apenas 281 MW (sumando adjudicaciones del Programa RenovAr y renegociaciones vía Resolución 202) corresponden a centrales de biomasa y biogás.

Según los inversores, el problema central radica en las condiciones de desarrollo que ofrece el Gobierno nacional para estas tecnologías. Aunque reconocen que ha habido mejoras en la última licitación (Ronda 2), que lo que fue la primera (Ronda 1) -como por ejemplo la posibilidad de rescindir el contrato a los 10 años de actividad e incentivos tarifarios para pequeños proyectos, entre otros-, señalan que no son suficientes por la problemática que atraviesan.

De cara a la Ronda 3, que tendría lugar en octubre de este año, Energía Estratégica consulta a Juan Benassi, Socio Gerente de AGVE, empresa desarrolladora de proyectos de biomasa seca, quien señala: “nosotros lo que vemos es que la posibilidad de desarrollo de proyectos con biomasa que no sea propia, es decir, que no sea poseída por el mismo interesado en producir la energía, está muy limitada en la medida que no se asegure que hay algún reaseguro a largo plazo en el precio de la biomasa”.

El inconveniente que señala Benassi parte de que los contratos que se celebran con CAMMESA son a 20 años y en ese plazo el precio de la biomasa comprada a un tercero podría variar al punto tal de perjudicar el proyecto, riesgo que consideran muy alto.

De hecho, el empresario sabe de inversores adjudicatarios de licitaciones anteriores en este momento están teniendo este mismo problema, al no poder fijar un precio de la biomasa con el vendedor acorde a las cuentas de cómo fue estructurado su proyecto.

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“Lo más importante es desarrollar un mercado de compra-venta de biomasa de uso energético. Para eso hay que implementar una fórmula de ajuste que deje al cubierto a todos de posibles variaciones en el precio”, razona Benassi. Tanto para la Ronda 1 como para la Ronda 2 el Gobierno fijó un precio de 110 dólares por MWh para la biomasa seca y 160 dólares por MWh para el biogás.

Según los empresarios que conforman la Mesa de Trabajo de Biomasa Seca, si hubiera condiciones de este tipo podrían llegar a presentarse a la próxima licitación unos 500 MW en distintos proyectos.

“Las oportunidades que hay de desarrollo de proyectos con biomasa propia (foresto industria) son muy escasas a esta altura, después de las licitaciones que ya se llevaron a cabo”, advierte el Socio Gerente de AGVE.

Y completa: “si no se encuentra alguien que tiene residuos, capital e iniciativa para meterse en el negocio de producción de energía eléctrica es muy difícil tener un proyecto: hay que reunir esos tres elementos”

Por otra parte, Benassi señala sobre la importancia de que el Gobierno establezca una política aduanera similar a la que se está llevando a cabo para las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, donde se permite el ingreso de equipos que no se fabrican en el país a tasas 0%. “Podría ser beneficioso. En esta coyuntura, estos elementos ayudan mucho”, observa.

“Hay cosas que se pueden producir acá y cosas que no”, indica al respecto y explica: “las turbinas y motores generadores mayores a 250 kW que no se producen localmente y sí o sí hay que importarlos”.

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