02 de marzo de 2018

Gastón Fenés

Por Gastón Fenés
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Conflicto en el INTI: deudas millonarias con los proyectos de renovables y un negocio en puja

El plan de lucha que están protagonizando los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - en protesta a los 258 despidos que ordenó el Gobierno Nacional - generó demoras en la fiscalización de las obras de los parques eólicos y solares, lo que impide a las empresas cobrar los beneficios fiscales.

Según datos oficiales, el mes pasado el Gobierno tenía registrados 27 contratos con algún grado de avance en la construcción de las centrales, lo que significa prácticamente la mitad de las adjudicaciones realizadas en el marco de las rondas 1 y 1.5 del Programa “RenovAr”.

El grueso está dando sus primeros pasos, pero hay otros que ya superaron las primeras etapas, al punto que deberían recibir la Devolución Anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así lo establece el plan de incentivos de la Ley 27.191 y sus posteriores reglamentaciones.

Técnicamente, los inversores pueden conseguir este aliciente cuando las erogaciones de fondos asociadas al proyecto son superiores al 15% del monto total comprometido. Alcanzada esa instancia, reciben el certificado de “Principio Efectivo de Ejecución”, necesario para cobrar el reembolso ante la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP).

Legalmente, el departamento de energías renovables del INTI, conducido por Gustavo Gil, es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obras en los parques que están distribuidos por todo el país.

Y para realizar tal tarea, el organismo cobra 2.000 dólares por cada megavatio que se adjudica, a cargo de los privados, que serán destinados en gran medida a un gran centro de investigación tecnológica de energías limpias que se está proyectando en la Provincia de Buenos Aires.

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A raíz del cese de actividades en el INTI, Marcelo Rodríguez, presidente de Latinoamericana de Energía, empresa que ya construyó en un 97% el Parque Solar Las Lomitas (1,7 MW de potencia, adjudicado en 2016) advierte que no es posible conseguir el certificado que avala el avance de las obras.

“Es un grave perjuicio que tenemos los empresarios que estamos abordando la construcción de los parques”, alertó ante Energía Estratégica.

La deuda acumulada indica que hasta diciembre fue de $3.100.000. “Ahora ya son más de 5 millones”, lamentó. Y entiende que “el problema no es por la AFIP sino el INTI que no está trabajando desde enero por los despidos”.

Si bien el tema fue planteado ante el Ministerio de Energía y Minería, hasta el momento no hubo respuesta por parte de los funcionarios. “Lo estamos tratando en reuniones con la Secretaría pero no logramos resolver el problema”, confió a este medio.

En su opinión “se tiene que solucionar políticamente”, considerando que “no puede quedar atrapado el empresario que está sacando los proyectos adelante”.

Previo al conflicto, las compañías del rubro valoraron la gestión operativa del INTI. De hecho, Alejandro Lew, CEO de 360 Energy, reconoció a este medio que en menos de una semana los técnicos auditaron el Parque Solar ubicado en La Rioja, denominado “Nonogasta”.

Similar fue el caso del parque eólico “La Castellana”, de la firma Central Puerto, otra que consiguió el certificado de ejecución.

El inconveniente para realizar la tarea obedece al cese de actividades que comenzó durante enero. Según confían fuentes que conocen del tema a este medio, en el área de energías renovables se produjo un despido.

Si bien renovables no fue de los sectores más afectados, lo cierto es que con el paso del tiempo requerirá más personal para poder cubrir los más de 150 proyectos de energías limpias (solo en el marco del Programa “RenovAr”) y no parece ser la impronta de esta gestión incorporar más empleados.

Consultoras al acecho

El conflicto en el organismo de promoción industrial bajo control del Estado abre la puerta para que consultoras privadas e internacionales que ya hicieron base en el país presionen al Gobierno para desplazar al INTI en sus funciones de fiscalización de los proyectos de energías renovables.

El negocio no es menor: sumando contratos de las licitaciones nacionales y de las Resoluciones 202, el Ministerio de Energía y Minería lleva adjudicados cerca de 5.000 megavatios de energía limpia, lo que significa 10 millones de dólares para el pago de auditorías.

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